lunes, 6 de febrero de 2012

Juicios y evidencias


Revisionismo histórico frente  a negacionismo, he ahí el caso que nos ocupa. El negacionismo es una distorsión ilegítima de la realidad y se vale, entre otras prácticas, de la falsificación de documentos, invención de motivos y consecuencias, adjudicación a otros de falsas conclusiones, manipulación de datos y tergiversación en la traducción de textos de otras lenguas. Hay negacionistas del holocausto judío, del armenio, de Ruanda y de los gulags rusos. También de las represalias franquistas.
Negar los datos que obran en la Audiencia Nacional sobre más de ciento catorce mil personas fusiladas y enterradas en fosas comunes es una chulería sarcástica que no debe pasarse por alto. ¿Cómo admitir a juicio que alguien niegue lo evidente y fehaciente?
Un sindicato cuyo nombre no voy a decir reivindica en su página web la libertad,  la justicia, la igualdad y el pluralismo político. En el quiénes somos del menú principal se presenta como un sindicato independiente, “no hipotecado por nada ni por nadie”, que además de por los derechos de sus afiliados promete luchar por la transparencia y la dignidad de los poderes públicos, y contra la corrupción política o económica que “lesione el interés público o general”.
Lo del no hipotecado por nada ni por nadie es para escamarse: un sindicato sin ideología, sin “idea” que defender, sin reivindicación, ni postura, ni valores de partida. ¿Como el viento libres? ¡Uy, qué peligro!
Hace unos días, en El Intermedio del Gran Wyoming, un muñeco que figuraba al comandantín —Paca, la culona, en versión Queipo de Llano— vociferaba contra la disgregación de los nacionalismos separatistas, cantaba canciones patrióticas y celebraba a los dictadores. Lo hacía frente a la sede del tribunal que juzga a Baltasar Garzón por prevaricar en el caso de su acusación de crímenes contra la humanidad, genocidio y violación de derechos humanos al aparato franquista responsable de la guerra civil y de la violenta, sistemática,  represión posterior. Hay muchos mayores en nuestro país que tienen memoria. Algunos de ellos declaran estos días en una sala de la Audiencia Nacional: hablan de su madre o de su padre, de hermanos, familiares y conocidos a los que un día se los llevaron para fusilarlos y  malenterrarlos en cualquier sitio.  Son más de 114.000. ¿Van a recuperar su individualidad y su dignidad personal o permanecerán sin reconocer en las fosas comunes? Lo primero es de justicia. Lo segundo es lo que pretenden quienes acusan al juez Garzón de prevaricador.
Quienes han llevado a juicio al juez son el supuesto sindicato ultraderechista cuyo nombre no diré, la falange eterna de las jons y una asociación entre cuyos objetivos primeros está el de “redescubrir la nación”. Estas organizaciones fueron orientadas sobre cómo hacer más efectiva la denuncia y el daño por un juez de apellido Varela, el mismo Luciano Varela que ha sentado en el banquillo a Garzón y lo juzga estos días. ¡Viva la imparcialidad de la justicia! ¡Esto sí que es redescubrir el país! Como se ve, en España todavía hay quien pretende legitimar con el derecho a quienes provocaron una guerra civil e impusieron una despiadada posguerra.
Los responsables han muerto, pero se les puede juzgar in absentia y condenar sus crímenes. Ese era, creo, el propósito de Garzón, que recogía, pienso, el de muchos miles de compatriotas que aún no han visto una decidida declaración institucional, de la Corona, del Ejército, del Parlamento y del Senado, de la Iglesia, que condene a los responsables de las fosas comunes, del exterminio de izquierdistas, del encarcelamiento, la persecución, la humillación, el  silencio y el exilio de tantos españoles.
¿Quién es el prevaricador? ¿el acusado o el acusador? El acusador niega la realidad: asesinar a miles y miles de españoles bajo acusación de izquierdistas nunca pasó, no hubo tales hechos, eso es una invención. Que hubo represalias inmediatas y posteriores al 18 de julio de 1936 no lo negará ningún historiador solvente, y si se atreve, que empiece documentándose en los archivos municipales y judiciales. Los de Torrecampo, por ejemplo, y hallará testimonio de la limpieza franquista.
El silencio no cierra las heridas. Ni el tiempo, como se ve en este caso; lo hace la recuperación de la dignidad y del derecho a que descendientes y ciudadanos solidarios puedan honrar a sus desaparecidos. 

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